• Los presuntos autores son un matrimonio que actuaba como agentes externos de una empresa inmobiliaria de reconocido prestigio

La Policía Nacional ha desarticulado en la isla de Tenerife una estafa continuada de más de 800.000 euros realizada por un matrimonio, de 42 y 39 años de edad respectivamente y con antecedentes policiales, que actuaba como agentes externos de una reconocida empresa inmobiliaria, solicitando dinero en concepto de señales o reservas apoderándose del dinero de sus víctimas.

Este mes los agentes de la Policía Nacional comenzaron a recibir denuncias similares de personas que manifestaban haber suscrito contratos de arras penitenciales para la compra de viviendas, entregando cuantiosas sumas a una inmobiliaria que se resolvían con la pérdida del dinero y sin opciones de adquirir la vivienda.

Esta inmobiliaria, ubicada en San Cristóbal de la Laguna, era dirigida por un matrimonio, que actuaba como agentes externos de una empresa inmobiliaria de reconocido prestigio. De este modo, accedían a su cartera de clientes y obtenían la información necesaria para su acción defraudadora.

El modus operandi, consistía en captar datos de los clientes de la reputada inmobiliaria, y a través de la agencia propia, realizar compraventas ficticias de los mismos. De este modo, se constata que compradores de buena fe, desembolsaban sumas de hasta 85.000 euros, en algunos casos, para la reserva de una vivienda que jamás lograban adquirir, quedándose dicha pareja con el importe de la señal o arras.

Todo ello sucedía sin que el propietario de vivienda tuviera conocimiento alguno de que se estaba llevando a cabo la fraudulenta venta de su inmueble. Cuando los clientes estafados, exigían responsabilidad al matrimonio, éstos manifestaban que les iban a devolver el dinero, expidiéndoles cheques y pagarés, a sabiendas de que no los podían cobrar por carecer de fondos, generándoles, además, un incremento del perjuicio patrimonial a los afectados.

La investigación desencadenó un dispositivo policial, que tras autorización judicial, culminó con la entrada y registro de una lujosa vivienda valorada en un millón y medio de euros ubicada en la zona del Puerto de la Cruz, donde se produjo la detención del matrimonio que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Además, en el domicilio, en el que vivían sin pagar el alquiler, razón por la cual les contaba una orden de desahucio, se intervinieron contratos y abundante documentación, así como equipos informáticos, y material que están siendo analizados por los expertos de la Policía Nacional.

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