Los inquilinos de esas viviendas, muchos en situación de vulnerabilidad, aseguran que les han impuesto a todos un alquiler de 300 euros además del pago de una deuda por los meses en los que no abonaron el importe correspondiente. En algunos casos, una cifra superior a la que pagaban cuando las viviendas estaban en manos privadas. Visocan comunicó a varios vecinos esta medida por carta, en la que se les amenazaba con el desalojo si no firmaban el contrato. El gerente de la empresa pública, Víctor González, remitió un comunicado en el que desmentía «rotundamente» que vaya a tomar esta medida y añadía que los vecinos que no pudieran sufragar los 300 euros de alquiler, tenían la opción de pedir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ayudas. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, han pedido a las familias de las 119 VPO de Añaza, «tranquilidad», porque están intentando solucionar un problema «serio» que han «heredado» y que «no habrá desahucios».

La alcaldesa de Santa Cruz, la socialista Patricia Hernández, asegura que valorarán la propuesta de los vecinos para «no terminar con los fracasos de los gestores anteriores» Y aumentarán los solares para crear vivienda pública.

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