Dom. Sep 20th, 2020

Las Teresitas, la playa más popular para los vecinos de Santa Cruz de Tenerife, es también el escenario del mayor escándalo político de las últimas décadas en Canarias, así como la fuente de airadas polémicas durante 18 años. La última, conocida hoy.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeño compró en el año 2001 los terrenos del frente de playa a un consorcio empresarial liderado por Antonio Plasencia e Ignacio González, este último fallecido la semana pasada. Una compra, por 52 millones de euros, con informes en contra y cifras adulteradas.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción, presentada en el año 2006, marcó el inicio de un calvario judicial para los protagonistas del caso, los empresarios citados y, en la parte política, el ex alcalde Miguel Zerolo, regidor de la capital durante 12 años.

La sentencia de la Audiencia Provincial, en 2017, confirmada por el Tribunal Supremo en marzo pasado, resultó dura para los condenados por lo que la fiscal anticorrupción definió como “un pelotazo de libro” en la playa santacrucera.

Como resultado de ello, el ex alcalde Zerolo ingresó en prisión con una pena de siete años por prevaricación y malversación, así como otros políticos y los empresarios implicados. Y algo más: los condenados quedaron obligados a devolver no solo la cantidad pagada por el Ayuntamiento, sino también los intereses, 90 millones en total.

El auto judicial hecho público hoy es consecuencia de ese fallo de marzo pasado. Arranca el camino, que se prevé difícil, para recuperar el dinero defraudado, a través del embargo de las propiedades de los condenados. Pero la batalla política sigue, con una pregunta sobre la mesa: ¿se ha hecho lo suficiente para recuperar el dinero?

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