Lío y tensiones en Santa Cruz de Tenerife

¿Puede un concejal con responsabilidades de gobierno en una capital de provincia desempeñar un trabajo a tiempo completo sin percibir salario? ¿Debe estar retribuida la posición de concejal de la oposición? Son las dos preguntas que flotan sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que vive una situación tensa desde que, hace cien días, la socialista Patricia Hernández se convirtiera en la primera alcaldesa de la ciudad, con el apoyo de Podemos y el voto favorable de dos concejales de Ciudadanos que ahora han sido expulsados de su fuerza política por haber desobedecido, aunque ellos lo niegan, la orden que recibieron del partido para no ir adelante en el acuerdo con el PSOE.

Una vez producida esta expulsión, los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, responsables, respectivamente, de Desarrollo Económico y Urbanismo, se ven abocados a perder su salario como integrantes del grupo de gobierno. Así lo ha señalado el secretario de la corporación, en cumplimiento de la Ley de Municipios de Canarias, aprobada en 2015 para penalizar los casos de transfuguismo en los ayuntamientos canarios. Una ley que, afirma el nuevo Gobierno de Canarias, debe ser derogada por sus posibles vicios de inconstitucionalidad, aunque en el momento presente está en vigor. Por su parte, los dos concejales afectados lo tienen muy claro: seguirán en sus puestos aun sin salario, apuntalando con ello la actual mayoría en el consistorio chicharrero.

Y no queda ahí la cosa, porque en el bando de la oposición también hay dilema respecto a los sueldos públicos. Ninguno de los ediles de CC (10) ni PP (3) perciben salario alguno, una situación especialmente grave para los concejales nacionalistas, representantes de una fuerza política que conoce por vez primera el frío del alejamiento del poder, tras cuadro décadas ocupando la alcaldía. ¿Es otra situación a regularizar? El debate está abierto y promete emociones fuertes en el mandato.